Estafa: Legislacion vigente

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La mayoría de estafas y fraudes relacionadas con el mundo de la videncia y parapsicología en España no tiene fácil solución debido al vacío legal existente. El creciente paro, la ausencia de una parapsicología académica y la falta de escrúpulos unidos al extraordinario interés social que conlleva las situaciones económicas de las familias en paro han desencadenado en la proliferación de videntes y adivinos que se anuncian en los periódicos y demás métodos de publicidad como octavillas, carteles etc.. y como consecuencia se han multiplicado el número de denuncias. El vacío legal ampara este tipo de delitos apoyados por la angustia e incredulidad de las personas que los visitan intentando así superar sus situaciones personales. Teniendo en cuenta que el 60% de las denuncias se deben al timo del "trabajillo", es decir que para que funcione bien la cosa necesita hacer un trabajo o ritual que continuará perdurando en el tiempo y por los más variados motivos hasta que dejemos de pagar. No se trata de enjuiciar las creencias mágicas o esotéricas amparadas en el art. 16 de la Constitución Española ni tampoco de englobar a todos los videntes en el mismo saco, porque en todas las profesiones cuecen habas, siendo esta una de las más afectadas por el intrusismo, pero como mera medida de precaución podemos protegernos de estos supuestos videntes tomando ciertas medidas que por su facilidad merece la pena seguirlas. La futura incorporación al Derecho español de la Directiva 2005/29/EC, relativa a las prácticas comerciales desleales, vendrá a paliar en parte esta situación, ya que obligará a los vendedores de supuestos servicios "psíquicos" o paranormales a que adviertan previamente a sus clientes que sus prácticas no tienen aval científico alguno y deben ser tomadas como un simple entretenimiento. Más aún, en caso de conflicto permitirá que los Tribunales les exijan que sean ellos quienes demuestren que poseen los poderes, facultades y habilidades que ofrecen, en lugar de ser sus víctimas quienes se vean obligadas a demostrar que han sido objeto de un fraude. Consideramos, sin embargo, que estas medidas no son suficientes. No debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones las víctimas de estos fraudes se resisten a denunciarlos por temor a las dificultades de un procedimiento judicial, por la escasa cuantía de lo defraudado o, simplemente, por la vergüenza que supone reconocer que hemos sido objeto de un timo. Por otro lado, aunque la nueva normativa facilitará en muchos casos que las víctimas reclamen la devolución de su dinero, los culpables seguirán sin recibir castigo alguno por su conducta, salvo quizá alguna sanción administrativa, y podrán seguir practicando impunemente sus actividades. Respetamos absolutamente la libertad religiosa y de creencias, pero también creemos que los Poderes Públicos deben proteger y amparar a los ciudadanos ante los fraudes cometidos aprovechando y abusando de dichas creencias. Por lo tanto, los firmantes de esta petición exigimos a las autoridades legislativas y ejecutivas de ámbito nacional y autonómico: 1.- La inmediata transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la Directiva 2005/29/CE, especialmente urgente si tenemos en cuenta que el plazo que la propia Directiva establecía para su incorporación al Derecho interno de los Estados miembros finalizó el 12 de diciembre de 2007. 2.- La adopción de cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para la prevención, persecución y adecuado castigo de los fraudes perpetrados aprovechando las creencias religiosas o paranormales de las víctimas, incluyendo la reforma del Código Penal con el fin de considerar como constitutivos de estafa aquellos fraudes cometidos aprovechando la credulidad de las víctimas. 3.- La aplicación de políticas activas de prevención de este tipo de fraudes, incluyendo la realización de inspecciones, el control de la publicidad engañosa o desleal, y la creación de procedimientos administrativos sencillos y rápidos para la tramitación de denuncias y alertas promovidas por los ciudadanos y las asociaciones de consumidores.